Feijóo presiona a Bruselas mientras el CIS mide el impacto electoral y la Fiscalía registra 30 agresiones sexuales en 10 días
Más de 70.000 personas cruzaron ilegalmente a Ceuta en los días 30 y 31 de julio de 2026, según datos oficiales, en una de las mayores oleadas migratorias registradas en la frontera hispanomarroquí. La avalancha, que dejó al menos 100 fallecidos en el intento, desbordó los recursos de emergencia de la ciudad autónoma y ha convertido la gestión de la crisis en el principal foco de tensión política, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno español, el Partido Popular y las instituciones europeas.
La situación, que ha generado protestas masivas en Ceuta con consignas como *»Invasores, expulsión»* y *»Un caballa nunca se rinde»*, ha llevado a la Fiscalía General del Estado a abrir 30 procedimientos por agresiones sexuales en solo 10 días, el 40% de ellas contra niñas no acompañadas. La Fiscal General, Teresa Pera mato Martín, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acordaron este viernes acelerar el traslado de menores a la Península para garantizar su protección, aunque advirtieron de que las niñas sin familiares en Ceuta son el grupo más vulnerable.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne este jueves con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, para exigir una respuesta europea a lo que califica de *»utilización de la presión migratoria por parte de Marruecos»* para *»ponernos en jaque»*, según declaró Juan Vivas, presidente de Ceuta (PP), tras un viaje a Bruselas donde no logró compromisos concretos de la UE. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez evita señalar directamente a Rabat como responsable, una postura que ha generado confusión en la prensa marroquí, donde medios como Le360 critican la *»cacofonía»* de declaraciones españolas.
El impacto político de la crisis se medirá este lunes con la publicación del Barómetro de Opinión del CIS, el primer sondeo post-Ceuta que reflejará cómo ha afectado el episodio a las intenciones de voto. Mientras, en la ciudad autónoma, 5.000 estudiantes secundaron este viernes una huelga para exigir más seguridad en sus desplazamientos, denunciando que la crisis ha dejado los centros educativos sin protección en rutas y paradas de autobús.
La emergencia sanitaria y social sigue sin resolverse: Ceuta, con una capacidad máxima de 85.000 habitantes, alberga ahora a miles de migrantes en condiciones precarias, mientras las organizaciones locales piden al Gobierno central que declare el estado de emergencia y active protocolos excepcionales. La presión sobre Sánchez crece, especialmente tras las imágenes de colas de personas esperando ayuda humanitaria en la plaza de África, donde este viernes se concentraron vecinos con banderas de las autonomías para agradecer el apoyo recibido —y exigir soluciones.
La crisis, que ha reabierto el debate sobre la soberanía española en el Peñón, también ha tensado las relaciones con Marruecos. Aunque las autoridades alauíes mantienen un perfil bajo, la prensa local sigue cada movimiento político español, interpretando el silencio oficial como una señal de que Rabat no asume responsabilidad en los hechos. Mientras, en España, el PP acusa al Gobierno de *»gestión caótica»*, Vox pide la intervención militar, y partidos como ERC exigen sanciones a Marruecos, en un escenario donde la unidad institucional brilla por su ausencia.
Lo que comenzó como una emergencia humanitaria se ha convertido en un punto de inflexión político. El CIS, Feijóo, la Fiscalía y las protestas estudiantiles confirman que Ceuta no es solo un problema de frontera, sino un termómetro del futuro gobierno español, donde la gestión de la migración podría decidir las elecciones de 2027.
