La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía se niega a abrir una cuarta línea en el instituto, pese a que los menores afectados llevan meses en lista de espera
Quince familias de Córdoba han presentado una reclamación urgente a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para que abra una cuarta línea en el IES Casiana Muñoz Tuñón, el único centro de referencia en su zona de escolarización. Los menores afectados, sin plaza asignada, siguen en lista de espera desde hace meses, según confirmaron fuentes de las familias a ABC.
El instituto, inaugurado en 2025 como uno de los centros educativos más modernos de la ciudad, fue diseñado para tres líneas de 1º de ESO, pero la demanda superó las previsiones. La Junta de Andalucía, responsable de la gestión educativa en Andalucía, rechaza ampliar el centro alegando limitaciones presupuestarias, aunque las familias argumentan que la solución técnica —abrir una cuarta línea— es viable sin obras adicionales.
Este caso refleja un problema estructural en Córdoba: según datos del Instituto Andaluz de Estadística, la provincia registró un incremento del 12% en matrículas de ESO entre 2023 y 2026, pero la construcción de nuevos centros no ha seguido el mismo ritmo. El IES Casiana Muñoz Tuñón, ubicado en el distrito de San Basilio, es el único instituto público en su zona, lo que obliga a las familias a optar entre centros más lejanos o concertados.
La Delegación de Educación no ha respondido aún a la reclamación, pero fuentes internas reconocen que la falta de plazas se repite en otros centros de la ciudad, como el IES Averroes, donde también se supera el aforo. Las familias afectadas, organizadas a través de asociaciones vecinales, amenazan con llevar el caso a los tribunales si no hay una solución en las próximas semanas.
El conflicto pone en evidencia las limitaciones del modelo educativo andaluz, donde la gestión de plazas depende de criterios de zona de escolarización y no de la capacidad real de los centros. Mientras, la Consejería de Educación de la Junta no ha anunciado medidas excepcionales para resolver el problema, pese a que el Defensor del Pueblo Andaluz ya ha instado en informes previos a revisar los umbrales de saturación en los institutos.
